En Chiapas políticas públicas efectivas para fortalecer los DDHH de migrantes: Felipe González

Luego de conocer de cerca la situación real de los migrantes en Chiapas y las acciones que se realizan para garantizar el respeto a sus derechos, el relator especial sobre trabajadores migratorios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, Felipe González, reconoció que en la entidad se trabaja por avanzar en la materia. 

“Creo que se están llevando adelante políticas públicas interesantes en esta materia para fortalecer la protección de los derechos de los migrantes, nos han dado un conjunto de información muy importante sobre la labor que está haciendo el Gobierno de Chiapas en razón a los derechos de los migrantes”, dijo Felipe González.

Durante una reunión de trabajo con el gobernador Juan Sabines Guerrero y su gabinete, el relator planteó consideraciones sobre estas acciones, por lo que el mandatario estatal explicó que la intención de Chiapas es evitar que los migrantes continúen siendo víctimas de la delincuencia organizada.

“Creemos profundamente que el tema de la frontera es de oportunidades pero también un tema donde existe delincuencia organizada y que son los migrantes los que ocupan para tráfico de armas, de drogas, el tema de la visa resolvería por completo el problema de la violación de los derechos humanos de los migrantes, es un tema de fondo, que también requiere otras regulaciones”.

Durante la exposición de acciones desde cada área de gobierno, el relator y su comitiva conoció hechos como los realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que por citar un ejemplo expuso que a través de la Fiscalía de Atención de Delitos cometidos en contra de Migrantes logró liberar a 87 migrantes víctimas de secuestro y se rescataron a más de mil personas que viajaban en condiciones indignas y riesgosas, además de operativos de vigilancia en puntos de paso.

El procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dijo que “estas estrategias han permitido disminuir un 90 por ciento los ilícitos cometidos en contra de los centroamericanos en la zona de mayor incidencia conocida como la arrocera en Huixtla, desarticulamos 37 células de la delincuencia organizada con la detención de 698 personas”.

Propuso el establecimiento de centros de control interinstitucional en puntos clave. De igual forma se le explicó que Chiapas cuenta con la primera Constitución que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ciudadanizó el Consejo Estatal de los Derechos Humanos y se creó la Fiscalía Especializada para Atender delitos cometidos en contra de Migrantes.

En este sentido el relator especial reconoció como un avance que se haya eliminado el arraigo, figura que dicho organismo ha condenado: “Para la Comisión Interamericana es muy importante el paso que se dio en el estado de Chiapas respecto a la desaparición del arraigo, que recurrentemente ha venido siendo planteada ante la CNDH en México, que dé este paso me parece muy importante”.

A su vez, la señora Isabel Aguilera de Sabines explicó la atención integral que los DIF nacional y estatal, a través del albergue brindan a madres y niños migrantes, donde se han atendido a 469 niñas y niños migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente, de 2009 a la fecha.

“Se reformó para que este albergue pudiera dar atención a jóvenes menores de 18 años y a madres que vinieran con sus hijos, este es un espacio donde damos atención integral, buscamos garantizar el cuidado físico, emocional del niño y de la madre con servicios médicos, atención psicológica, atención jurídica y actividades de desarrollo ocupacional”, informó la presidenta del Sistema DIF Chiapas.

También se abrieron otros espacios como la casa de Día, que les permite una atención y seguimiento especial.

En tanto el Consejo Estatal de Derechos Humanos, organismo ciudadanizado integrado por cinco comisiones, señaló en voz del consejero Pedro Raúl López Hernández que en la entidad se protege la labor que la sociedad civil realiza a favor de los migrantes por medio de la fiscalía de protección a organismos no gubernamentales, que es la única que existe en todo el país y que se encarga de dar atención a defensores de derechos humanos que sufren algún tipo de hostigamiento

“Creo que hay un avance en el estado de Chiapas porque existe esta fiscalía que tiene rango constitucional además y eso le otorga un blindaje para que el fiscal pueda hacer su labor”, refirió Pedro Raúl López Hernández.

La titular de la Secretaría del Trabajo, Esther Almazán, explicó que se ha brindado asesoría a más de 34 mil trabajadores migrantes para que conozcan sus derechos laborales y que no sean víctimas de explotación. Se han distribuido más de 56 mil cartillas que contienen los derechos de los trabajadores migrantes. A la par dos unidades móviles de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo recorren 30 municipios para atender quejas.

Los hijos de los trabajadores agrícolas asisten a 19 escuelas PRONIM, ubicadas en 17 fincas cafetaleras.

Mientras, secretario de Salud, James Gómez Montes señaló que se brinda atención preventiva y asistencial, se reparten cartillas de salud, carnets especiales, se brinda salud mental y atención preventivas para enfermedades de transmisión sexual.

A esta reunión asistieron también Martín Zenteno Quintero, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB; Santiago Cantón, subsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración y Álvaro Botero, especialista de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos.